Se ha presentado recientemente el informe 2015 del Observatorio de Piratería, promovido por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Esta representa a la mayor parte de los sectores cultural y de entretenimiento en España, agrupando a las industrias de contenidos y de defensa de la propiedad intelectual del mercado audiovisual, del de la música, del editorial y del de videojuegos. En este informe se indica que el 87,48 % de todos los contenidos consumidos en 2015 han sido ilegales y que el porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en Internet se elevó hasta el 63 %, desde el 58 % registrado en 2014.
Para la música en particular, según la Coalición, las cifras tampoco son poco esperanzadoras, aunque se haya producido una leve disminución del número de descargas ilegales entre 2014 y 2015. Afirma la Coalición que si se pudiera evitar el efecto de la piratería la industria musical en España podría aumentar su facturación en un 223 %, cifra nada desdeñable dada la actual situación de crisis del sector. Por otro lado, en el citado informe, los consumidores alegan como causas principales para descargar contenidos ilegales que los originales son muy caros (62 %), que el acceso así es más rápido (55 %) y que “como ya pago mi conexión a la red de internet…” (53 %). Este informe nos muestra que vuelven a salir a la luz cuestiones que hemos comentado reiteradamente en esta página editorial, así como la creencia generalizada de que por pagar el acceso a Internet, a la operadora de turno, ya se tiene acceso “gratis total” a todo o casi todo lo que la red ofrece, sea legal o ilegal.
Ante estos datos, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha hecho constar en un comunicado que “respecto al informe presentado por el Observatorio de Piratería, el Ministerio quiere poner de relieve que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015, estadística oficial de carácter cuatrienal que forma parte del Plan Estadístico Nacional, publicada en septiembre de 2015, refleja que respecto a las descargas gratuitas de vídeo -tanto lícitas como ilícitas-, al contrario de lo que recoge el estudio de La Coalición, observa un descenso del porcentaje de personas que han realizado descargas y una ralentización del aumento en el caso de música (del 18,3 % respecto al 17,7 % del periodo anteriormente investigado)”.
Por otro lado, también el ministerio argumenta sus dudas sobre el informe del Observatorio de Piratería, indicando que el dato cuantitativo de las descargas no se puede obtener con certeza en España, dado que el Tribunal Supremo ha declarado que la IP de un usuario es un dato personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, lo que imposibilita saber cuál es el número de descargas ilegales e igualmente poder distinguir las ilegales de las legales, ya que las operadoras de telecomunicaciones no pueden facilitar tales datos y no son cifras que ofrezcan las webs infractoras. La Coalición ha presentado, por tanto, un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, cuyas conclusiones no pueden validarse en lo que se refiere a los datos de acceso a las webs vulneradoras, al no venir estos respaldados por cifras objetivas y contrastables.
También el ministerio indica que frente a estos datos, otras cifras objetivas, como son el número de visitas que reciben las webs (índice Alexa), indican que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos ilegales. A 17 de marzo de 2016 solo hay 12 en ese ranking, y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuye a reducir y dispersar ese tráfico. Además, de las 12 web más visitadas en el Top 250 de Alexa, sólo cuatro tienen vínculos identificados con España. Por todo ello, el ministerio muestra su satisfacción por los resultados que se están obteniendo tras la entrada en vigor las reformas legales introducidas por el Gobierno para combatir la piratería en Internet y facilitar la oferta legal.
Parece ser, pues, que el ministerio de Educación, Cultura y Deporte guarda discrepancias con los informes y métodos de análisis que utiliza La Coalición y se mantiene firme en el hecho de que en España se está reduciendo la piratería en Internet, aunque por el momento de manera leve. Bueno es para nuestros lectores, en todo caso, conocer el análisis de todo lo anterior. De alguna manera, la posición de la industria cultural española ante este grave problema, así como los criterios de Estado para abordarlos.
Desde RITMO queremos volver a llamar la atención sobre, repetimos, esta grave situación para la industria de la creación cultural en general y para la música en particular, pues si los creadores y la industria que promueve y difunde sus obras no reciben la compensación económica que les permita la subsistencia, estaremos matando toda posibilidad de futuro cultural. Quizá las “reglas del juego” deban ser cambiadas; quizá haya que reducir drásticamente los precios desde Internet; quizá deban de aparecer nuevas fórmulas de mercado, pero, sin duda, este debe seguir existiendo en la nueva era digital para que nuestros creadores puedan vivir de su trabajo de una manera digna.