Los últimos acontecimientos en torno a la SGAE han vuelto a poner en titulares el actual sistema de gestión de los derechos de la propiedad intelectual. Hace más de 100 años los autores se encontraban ante una gran indefensión en el reconocimiento de sus derechos dentro del negocio musical y teatral y, por ello, un grupo formado por los escritores Sinesio Delgado, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, el libretista Federico Romero Saráchaga y los compositores Ruperto Chapí y Rafael Calleja Gómez, entre otros, crearon el 16 de junio de 1899 la Sociedad de Autores. En 1941 se funda la Sociedad General de Autores, que pasa a gestionar en exclusiva todos los derechos de autor sobre artes escénicas; y en 1995 se refunda como Sociedad General de Autores y Editores, dándose así acogida a los editores. En la actualidad, la entidad se define, en su propia página web, con el siguiente texto: “SGAE –Sociedad General de Autores y Editores– es una entidad de gestión colectiva creada hace más de 111 años y dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus socios (directores de cine, guionistas, compositores de todos los géneros de música, escritores dramáticos, libretistas, directores cinematográficos, realizadores audiovisuales, arreglistas, coreógrafos, mimos…). La SGAE es una organización que impulsa la acción cultural en España e Iberoamérica a través de la protección y la promoción de los autores y su repertorio”.
Evidentemente, el espíritu de sus fundadores sigue vigente, pero como los medios por los que las obras musicales y literarias llegan al público han variado sustancialmente, se ha ido imponiendo la necesidad de cambiar los métodos y sistemas por los que se evalúa y realiza el cobro de los justos derechos de la propiedad intelectual. A lo largo de la historia la SGAE ha pretendido adaptar sus sistemas recaudatorios a los distintos cambios en la exhibición y audición pública de las obras que protege, pero la impresión es que siempre ha ido unos pasos por detrás. Ha intentado, como entidad conservadora que es, mantener todo lo antiguo y “parchear” en lo nuevo. Con la llegada de la revolución digital ha querido ponerse en vanguardia, aplicando sistemas de control y gestión bajo conceptos empresariales más propios de una entidad mercantil que de una sociedad de gestión sin ánimo de lucro. Resultado de todo ello es que ha creado un conglomerado empresarial en el que la administración, la gestión y la promoción han alcanzado tal peso que ha llegado a desequilibrar la balanza, en contra del propio derecho de cobro del autor individual.
En nuestro país se rompió hace años el monopolio de la gestión de derechos de la propiedad intelectual, entrando en el mercado otras entidades para gestionar y defender los mismos. Ahora hay ocho: para los autores, SGAE (Autores y Editores), CEDRO (Derechos reprográficos), VEGAP (Artistas plásticos) y DAMA (Audiovisuales); para los artistas, intérpretes o ejecutantes, AIE (Artistas intérpretes y ejecutantes) y AISGE (artistas e intérpretes); y para los productores, AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y AGEDA (Entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales). Estas entidades velan por el cumplimiento de la Ley Española de la Propiedad Intelectual y recaudan los derechos que corresponden a sus asociados. Solo SGAE se ha mantenido en los titulares los últimos años, con una contestación muy dura por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación, debido a sus métodos de trabajo, sus formas de recaudar y, ahora, por el presunto fraude en la gestión económica.
Hace años que, desde el seno de la propia SGAE, se estaban levantando voces que alertaban sobre la creación de sociedades mercantiles, dentro de la entidad, para cubrir distintos objetivos de control y promoción cuya trasparencia contable ahora está bajo investigación judicial. El grupo SGAE [formado por la propia matriz SGAE (Instituto Autor, Consultoría en Investigación de mercados –CIMEC–), SDAE (Creadores.net, La Central Digital), Fundación Autor (Artenet Formación, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Academia de la Música, Instituto Buñuel, Instituto Hispalense de Artes y ciencias Escénicas), Arteria (Cata) y Servicios Corporativos de Autor (AIE)] forman un complejo entramado de entidades y empresas cuyo objetivo, según muchos autores, sobrepasa el espíritu de la entidad como gestora de derechos. En su opinión, por otro lado muy fundamentada, se ha creado un pequeño imperio mediático extraordinariamente alejado del objetivo propio de la entidad, con beneficios directos para un reducido número de autores, sin utilidad práctica para la mayoría de los socios y, por todo ello, con un coste económico que no se justifica en el incremento y mejor reparto de los derechos recaudados entre la mayoría de los socios de la SGAE.
Sería necesario un mayor control del Estado sobre estas entidades que recaudan los derechos de la propiedad intelectual pues, al fin y al cabo, gestionan un muy importante monto económico, que, a la postre, corresponde al patrimonio cultural de todos los españoles. Un control que, además de garantizar la trasparencia de las cuentas, obligase al cobro y reparto justo de lo recaudado, bajo sistemas eficientes, democráticos y nunca “inquisidores”, evitando las tentaciones empresariales de las juntas gestoras de turno y la creación de macroestructuras culturales que, de forma absurda, no acabasen compitiendo con empresas mercantiles de su entorno recaudatorio y duplicando servicios del propio Estado.
Dejaremos para otro editorial la propia Ley de la Propiedad Intelectual, el Canon Digital y el derecho de autor en el nuevo escenario internacional de Internet y los medios digitales. Pensamos, en todo caso, que los gobiernos y las grandes editoriales deberían hacer un ejercicio de imaginación para proponer un marco recaudatorio acorde con los nuevos tiempos.