Por primera vez un estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos reconoce la protección que en España tienen los derechos de propiedad intelectual. Un estudio en el que se incluyen 45 países de todo el mundo, y en el que España aparece en la posición número once, con una puntuación de 27,48 puntos en un rango en que la máxima es 35. Para ello se ha valorado el marco regulatorio de cada país, el cumplimiento efectivo de dicha regulación, la persecución de las infracciones y el nivel de concienciación general en el país acerca de la necesidad de protección en esta materia.
Estados Unidos, que lidera el ranking del estudio, ha obtenido 32,62 puntos, siguiéndole en orden decreciente el Reino Unido, Alemania, Japón, Suecia, Francia, Suiza, Singapur, Corea del Sur e Italia. Este año se analizaron siete países por primera vez; uno de ellos fue España. Se han considerado 35 indicadores, siendo todas las fuentes de información utilizadas públicas y de origen muy diverso: gobiernos, instituciones internacionales, asociaciones, etc.
Actualmente se observa un interés creciente por este asunto y se identifica una relación positiva entre la protección de los derechos de propiedad intelectual por un lado y la investigación y desarrollo, innovación, crecimiento en el comercio de servicios e inversión extranjera directa, por otro. La mayor protección lleva aparejado un mayor efecto positivo en el crecimiento de la economía y en la creación de puestos de trabajo de alto valor añadido.
La inclusión, por primera vez, de nuestro país en el estudio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, nos sitúa entre los países avanzados dentro de la protección de los derechos intelectuales. Que, además, en el primer año ya estemos en el puesto once, entre cuarenta y cinco países estudiados, nos ha de llenar de esperanza, pues tradicionalmente hemos supuesto que España no se distinguía por una “fina” protección de estos derechos.
La mejora de la situación actual de nuestro país ante el respeto a la propiedad intelectual se debe, en gran manera, al trabajo desarrollado por la entidades de gestión colectiva de dichos derechos. Entidades como SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AIE, AISGE, AGEDI... llevan muchos años controlando la gestión y defensa de los derechos de los creadores, con mayor o menor éxito en función de la colaboración de las autoridades políticas de cada momento, así como del apoyo y conciencia de la ciudadanía sobre este asunto. Una colaboración popular que se debe apoyar en el hecho de que los creadores han de ser retribuidos por su trabajo y esfuerzo, al igual que cualquier otro profesional de nuestra sociedad.
Centrándonos en el área musical, hemos de reconocer que todavía en España queda mucho camino por recorrer. La idea, por ejemplo, de que todo lo que se puede conseguir desde Internet debe ser gratis es totalmente equivocada. No por el hecho de pagar una conexión a la red (más o menos rápida) a una compañía telefónica, se tiene derecho a “descargar” todo lo que se quiera, sea legal o no. Internet es un gran escaparate de productos y servicios musicales que da acceso tanto a portales que respetan la propiedad intelectual como a otros muchos que no lo hacen. Independientemente de las acciones de control que realicen tanto las entidades de gestión como las mismas autoridades, debe prevalecer el buen criterio y sentido del usuario a la hora de acceder solo a aquellas páginas que respetan los derechos de los creadores. Si no retribuimos la creación musical, es imposible aspirar a que haya nuevas creaciones.
Estamos seguros que la buena noticia de la inclusión de España entre los países civilizados que respetan el trabajo y los derechos de la actividad intelectual, servirá de incentivo a las entidades de gestión y autoridades para seguir con su buen trabajo, ahora demostrado, también en el futuro.