El Parlamento Europeo dio luz verde el pasado mes de septiembre a la directiva sobre copyright, que incluye los criticados filtros de contenido y una norma similar al canon AEDE elevada a nivel comunitario, canon llamado “la tasa Google”. La directiva se presentó a propuesta del PP Europeo con el respaldo del grupo socialista y los liberales, con el voto en contra de los Verdes y la Izquierda Unitaria.
Esta directiva pretende obligar la implantación, por parte de todas las plataformas digitales de distribución de contenidos, de algoritmos para impedir que sus usuarios puedan subir contenidos protegidos por el copyright, proponiendo también el pago de un canon que permita a los editores de medios de comunicación el cobro de una tasa por citar fragmentos de sus informaciones y enlazar a sus contenidos, canon que amenaza directamente la actividad de los agregadores de noticias. Estas nuevas normativas afectarán al desarrollo de la música, por lo que hemos considerado conveniente explicar al lector todo este proceso.
El período de reflexión dado por la Eurocámara el pasado julio, cuando bloqueó el avance del texto, espoleado por las masivas protestas en las redes, apenas sirvió en el pasado mes de septiembre para cambiar la propuesta original. La enmienda que implica la instauración de los filtros de contenido que salió adelante solo libera de su cumplimiento a las aplicaciones y herramientas más pequeñas; las demás serán responsables de controlar todo lo que sus usuarios suben a la red, para que no haya en sus servicios violaciones de copyright, lo que implica un monitoreo masivo de todos los contenidos a subir.
En definitiva, la propuesta de la directiva que recibió luz verde el pasado otoño, y pendiente de aprobación definitiva en 2019, insta a renovar y regular el actual marco normativo, que data de 2001, antes de la democratización del uso de Internet y la irrupción de multitud de herramientas digitales, que permiten a los usuarios subir contenidos libremente a la red.
Los eurodiputados partidarios de reforzar los derechos de autor, ante esta nueva situación, defienden que estas plataformas se enriquecen con el tráfico que generan los contenidos con copyright y que suben sus usuarios libremente, sin compartir sus beneficios con las entidades que poseen sus derechos de reproducción.
Los críticos han señalado que las medidas elegidas para conseguirlo, filtros de contenido y tasas por enlace, además de muy difícil ejecución e implantación tecnológica, lesionan la libertad de expresión en la red, la privacidad de las personas y el concepto de un Internet abierto y plural, mermando la capacidad de libre comunicación e información entre las personas, que ha sido el gran logro de esta nueva era.
Los eurodiputados se mostraron, con el paso adelante de la directiva sobre copyright, ampliamente favorables al recorte de libertades en Internet, en favor del respeto a los derechos de autor establecidos, en donde la música también es un actor destacado. Impidieron incluso la aprobación a nivel europeo de la llamada “Libertad de panorama”, una exención a la propiedad intelectual para edificios, esculturas y monumentos que se encuentran permanentemente en el espacio público que estén sujetos a copyright. El Parlamento Europeo da así libertad a los estados miembros para exigir el pago de copyright por las fotos o pinturas que capturen este tipo de estructuras.
Desde septiembre pasado, la directiva ha tenido un largo proceso legislativo comunitario que está en puertas de solución, donde a tres bandas entre el Parlamento, el Consejo (órgano que reúne a los ministros del ramo de todos los miembros de la Unión) y la Comisión europea deben consensuar dicha directiva para, en un Pleno del Parlamento, tomar la decisión final sobre su aprobación o no.
Sea cual sea la decisión del Parlamento Europeo en su votación final, a celebrar en el inicio de 2019, el proceso tampoco acaba ahí. Una directiva europea funciona como un marco regulador para que todos los estados de la UE tengan reglas asimilables entre sí, pero no es la legislación final. Con la directiva como base, los congresos nacionales deberán aprobar nuevas leyes que la adapten a sus contextos locales. Es decir: quedan muchos más debates donde se verán las caras los defensores de fortalecer los derechos de autor, la patronal tecnológica y las organizaciones que velan por las libertades digitales.
Llegar a un consenso, donde los creadores y, en nuestro caso, los compositores e intérpretes, tengan una justa compensación económica de su trabajo, los distribuidores puedan realizar su tarea de manera eficiente y rentable y el ciudadano de a pié pueda seguir disfrutando de las libertades culturales que ofrece Internet, debe ser la finalidad de nuestros políticos. Veremos donde termina todo esto.