El pasado mes de abril nos felicitábamos por el reconocimiento internacional a nuestro país en la protección de los derechos de la propiedad intelectual, un reconocimiento que valoraba el trabajo realizado por las distintas sociedades privadas que los gestionan, así como el apoyo del Gobierno como regulador y garante de los mismos.
Como decíamos en el editorial de abril, la retribución a los autores y ejecutantes de las obras artísticas por los derechos sobre la audición pública y privada de sus obras, es justa y necesaria. Estos derechos son gestionados y administrados por las distintas sociedades privadas que operan en nuestro país. Para los autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) y DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales). Para los artistas: AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes) y AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión). Para los productores: AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Todas ellas, bajo el control y supervisión del Gobierno, marcan sus normas de participación y de acción, así como las tarifas que deben pagar los usuarios públicos y privados por la audición, copia y utilización de los productos artísticos protegidos.
Los usuarios y las entidades de gestión siempre han mantenido grandes conflictos por las tarifas y sistemas que se aplican para su identificación, control y cobro pero, en la actualidad, dichos conflictos están aflorando con mayor fuerza debido al incremento de dichas tarifas. Emisoras de radio y televisión, servicios de Internet, hoteles, bares, universidades, organizadores de eventos, teatros, auditorios… están viendo como se alzan sin mesura los precios de los derechos y el campo de aplicación de los mismos. Todos ellos apuntan a la SGAE con subidas de tarifas de más del 20% y a AGEDI-AIE entre el 60% y el 150% y con especial incidencia en los servicios digitales. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor en enero de 2015, no ha servido para acercar posiciones entre las partes, aunque ésta parecía ofrecer un sistema objetivo para determinar las tarifas y con criterios de cálculo bastante claros.
Por la audición o emisión pública de la música las entidades de gestión cobran un porcentaje de los ingresos a las distintas cadenas, independientemente de la programación musical que mantengan y, en los conciertos, se tarifa con un porcentaje sobre la taquilla. Los usuarios anotan que, realmente, no existe una relación clara entre las obras y los ingresos por la recaudación de sus derechos. Aunque con el nuevo marco legal se esperaba una mayor racionalización de las tarifas, objetivándolas más hacia el uso real de las obras, parece ser que el efecto ha sido totalmente contrario. Por otro lado, la tecnología actual permite una exacta identificación de las obras y los tiempos de uso en los distintos medios, soportes y escenarios, pudiéndolas relacionar activamente con los ingresos que producen, evitando repartos de derechos aleatorios o sin la suficiente identificación.
En nuestro entorno europeo las aguas corren más calmadas, pues las tarifas son menores y los sistemas y conceptos para su aplicación más claros y efectivos. Por ejemplo, nos comentan que un concierto en Londres paga la mitad de derechos que uno en Madrid o Barcelona. Quizá habría que exigir ya una armonización efectiva de nuestra Ley de Propiedad Intelectual con las de nuestros socios europeos. Las gentes del sector manifiestan que en España el mercado de los derechos de autor no está liberalizado, por lo que trabajamos en un régimen monopolista, totalmente fuera de lugar en el actual mercado. Convendría que el Gobierno atendiera de manera más efectiva esta situación pues de su resolución depende la salud de la creación artística en nuestro país.