La nueva situación política española precisa de pactos entre las distintas fuerzas legislativas, lo que debería comportar una mayor sensibilidad cultural y social en las propuestas y decisiones de nuestros políticos respecto al futuro de la educación, asignatura siempre pendiente en este país. En el caso de la educación musical, y a la vista de un informe que nos ha hecho llegar la COAEM (Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español), hemos creído conveniente dedicar el editorial de mayo a este importante asunto, profundizando en el laberinto legislativo que nos ha llevado a la situación actual de la educación musical en España.

Históricamente la música siempre ha tenido un escaso peso en la educación musical de los españoles. Ya en 1857, año en el que se publica la Ley de de Instrucción Pública, conocida como “Ley Moyano”, se incluía levemente la música en el sistema educativo, principalmente para la formación de agrupaciones corales en las escuelas. Tras la Guerra Civil, en 1945 vuelve a aparecer tímidamente la música en la Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria, pero insistiendo nuevamente en las formaciones corales. La Ley General de Educación de Villar Palasí, de 1970, propuso una novedosa programación musical en la Educación General Básica (EGB) y otra para el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), sin haber reconocido todavía en esa época la figura del profesor especializado en música. Buscando dicha figura, en 1982 se equiparan diversos títulos expedidos por los conservatorios de música a los de licenciado universitario. En el curso 1984-85 se convocan, por fin, oposiciones de Agregadurías para profesores de Música de Enseñanzas Medias. La compleja reforma que introdujo la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo español), en 1990, regulaba la música como asignatura obligatoria en todas las etapas educativas, creándose en los colegios públicos el Maestro especialista en educación musical, que se correspondía con la creación, en las universidades, de la especialidad de Maestro en educación musical. Dentro de la LOGSE, en la educación primaria, la música se impartía junto a la asignatura de Plástica y Dramatización; en la educación secundaria se confirmaba la presencia obligatoria en sus cuatro cursos como asignatura independiente; en bachillerato era optativa.

Cuando, con la LOGSE, ya se creía más o menos asentada la música en los centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, con profesorado especializado, a partir de 2002, con la entrada de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) y la LOE (Ley Orgánica de Educación), la música comenzó a perder su estatus de materia obligatoria y troncal con importantes disminuciones de su carga lectiva. Ya en el 2012, con la entrada de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la música pasa a ser asignatura optativa y se suprime la vía del Bachillerato de Artes Escénicas la Música y la Danza. Lo que desde 1990 parecía un camino de recuperación de los valores educativos y culturales de la música, las sucesivas leyes desde el 2002 han ido dando al traste con las esperanzas y objetivos conseguidos hasta dicha fecha.

Nuestro país, siempre en línea con las corrientes comerciales y políticas de los vecinos europeos, no habla en el mismo lenguaje en cuanto nos referimos a educación y cultura. Por ejemplo, en Francia, tras las leyes de 2008, la música en la enseñanza es una materia con estatus de disciplina legitimada, histórica, cultural y pedagógicamente. En Alemania la música está entroncada sólidamente en todo el proceso educativo de primaria y secundaria. Suiza introdujo en 2012, en su Constitución, el derecho de todo ciudadano suizo a su educación musical en la escuela.

Dado que en la LOMCE la asignatura de música pasó a ser materia optativa durante toda la educación obligatoria en el sistema español, existe la posibilidad que haya alumnos que no hayan recibido educación musical en los 12 años que dura su escolaridad obligatoria.

España, un Estado europeo que dice proteger la educación y la cultura, debe garantizar, como mínimo, el acceso a la educación artística y musical de todos sus ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la cultura y el pensamiento. Reclamamos, por ello, un gran pacto de Estado social y político por la educación en general, y por la música en particular.