La asociación considera urgente redactar un Estatuto que regule la actividad y la financiación de los intérpretes dedicados a la música histórica, y que garantice su independencia y competitividad.
El colectivo lamenta que las programaciones de los ciclos dependientes del Ministerio otorguen excesiva preferencia a las formaciones extranjeras
La Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) ha remitido una carta al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en la que solicita una reunión encaminada a trabajar en un plan de emergencia que solucione las carencias estructurales del sector. Entre los principales retos que deberá abordar el documento, figura la redacción de un Estatuto que establezca un marco digno para las condiciones laborales y artistas de músicos y grupos, al tiempo que garantice su independencia y su financiación.
En la carta, la asociación recuerda las reuniones mantenidas con el propio ministro durante el confinamiento decretado con motivo de la expansión de la COVID-19, y lamenta que desde entonces apenas se hayan detectado avances en la relación del Ministerio con el sector. El colectivo se hace eco de las deficiencias estructurales que padece la música antigua en España y lo ejemplifica con el desequilibrio presupuestario que existe entre las formaciones que interpretan repertorios de los siglos XIX y XX, para las que se destinan partidas de cientos de millones de euros, y las que se ocupan de repertorios anteriores al año 1800, que reciben un respaldo económico casi anecdótico.
GEMA señala que esa discriminación también se hace patente en las principales programaciones dependientes del propio Ministerio —U niverso Barroco , Fronteras , Liceo de Cámara , Ciclo de Lied —, ya que en ellas se constata cómo los grupos e intérpretes extranjeros ocupan el 70% de las actuaciones, mientras los músicos nacionales tan sólo llegan al 30%. La asociación de profesionales lamenta que esta situación se repita año tras año, pero más aún que lo haga en unas circunstancias como las actuales, dado que la crisis de la COVID-19 en nuestro país también ha azotado con dureza al sector cultural. El colectivo considera que, al igual que ocurre en otros estados de la Unión Europea, tanto el Gobierno de España como las administraciones autonómicas y locales tienen el deber de apoyar de manera expresa, decidida y firme el trabajo y la proyección de los agentes culturales que operan en su territorio.
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